Dando seguimiento a las reuniones que ha sostenido el Comité de Libros de Texto de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), así como con la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, desde el año pasado, y con el propósito de continuar trabajando con el Nuevo Modelo Educativo, el pasado viernes 12 de enero se efectuó una reunión en las instalaciones de la Cámara para presentar el Programa de Selección de Libros de Texto de Secundaria para el Ciclo 2018-2019.

Durante dicho evento, estuvieron presentes, además del presidente del Consejo Directivo de la CANIEM, Carlos Anaya Rosique, y el director general de la CONALITEG, Dr. Arturo Ancona García-López, la Lic. Aurora Saavedra, directora general de Materiales Educativos de la SEP; Lic. Antonio Araige Rodríguez, subdirector general de la CONALITEG; Mtro. Alejandro Valles, coordinador editorial de la CONALITEG; y el Ing. Juan Luis Arzoz Arbide, presidente del Comité de Libros de Texto de la CANIEM.

Con la presencia de los representantes de las editoriales interesadas en este proceso, se realizó la presentación del Programa de Selección de Libros de Texto de Secundaria para el Ciclo 2018-2019, que surge del Proyecto de Convenio de Colaboración y Concertación SEP-CONALITEG-CANIEM que a finales del año pasado se entregó a las autoridades educativas correspondientes de parte de la Cámara, cuyo objetivo es seleccionar, adquirir y distribuir los libros de texto gratuito.

En dicha reunión, el Lic. Antonio Araige Rodríguez indicó que a partir del 19 de enero los editores podrán entregar los archivos de 2do y 3ero de secundaria, y con ello, será a partir del 19 de febrero que la CONALITEG tendrá listo el catálogo electrónico de libros de estos grados ya autorizados y actualizados por los mismos editores.

Asimismo, se indicó que el proceso de selección de títulos de secundaria comenzará el 19 de febrero, para que, durante la semana del 19 al 24 de febrero, las autoridades educativas puedan cargar la matrícula estatal por centro de trabajo; además, los directores podrán repartir la matrícula asignada en cada uno de los grupos y determinar los maestros de los mismos, quienes, a su vez, podrán registrarse en el sistema de selección.

Durante la semana del 19 al 23 de febrero, la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP autorizará los títulos de primer grado de secundaria; además, los editores privados deberán entregar a la CONALITEG los archivos de estos libros de manera que estén disponibles para los maestros a partir de la autorización, y hasta el 26 de febrero. De la misma manera los editores deberán producir los catálogos impresos a partir del 24 de febrero de manera que la CONALITEG pueda distribuirlos a los estados desde el viernes 2 de marzo.

Finalmente, indicó Araige Rodríguez, que el proceso de selección inicia el lunes 23 de febrero, y se cierra el viernes 23 de marzo, esto con el objetivo de entregar los pedidos a los editores el lunes 9 de abril. la entrega de libros comenzará hasta el 31 de mayo, concluyendo el 30 de junio con el proceso de armado y distribución.

Elaboración del pedido nacional

El pedido nacional se construye a través de la información obtenida en el programa de selección de secundaria de cada uno de los estados participantes; de la información que los estados recaban con sus propios sistemas; y de la verificación de que cada escuela tenga registrados el número total de sus alumnos y maestros. El pedido nacional se entrega el día 9 de abril a todos, y a cada uno de los editores participantes.

Determinación del costo del pedido por título

La CONALITEG realizará el cálculo del costo base de producción y valuado el papel conforme a las últimas compras e investigación de mercado, por lo que la dependencia calculará los precios con base en el costo de papel 68 grs. Los editores podrán utilizar cualquier gramaje dentro de la ficha técnica sin que esto modifique los precios de adquisición. La ficha técnica del papel está disponible a través de la CANIEM o directamente en la CONALITEG.

Es muy importante que los editores tomen las precauciones necesarias para contar con el papel para producir los libros de texto en el rango de precio que maneja la CONALITEG, por lo que recomendamos ampliamente la definición de estrategias de compra por parte de la CANIEM.
 

MEMORIA E HISTORIA EDITORIAL
El Boletín Editores comparte con sus lectores textos históricos de relevancia para la industria editorial mexicana. Mensualmente publicaremos en esta sección Memoria e historia editorial artículos publicados en su momento en la revista Libros de México, editada por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Establecimiento de la imprenta en el Nuevo Mundo
Margarita Bosque Lastra*

La primera imprenta del continente americano se estableció en 1539 en la ciudad de México, capital de la Nueva España, a escasos años de la conquista de Tenochtitlan. Este importante invento producto de la técnica renacentista fue utilizado como respuesta a la necesidad de contar con un instrumento eficaz para el gobierno civil y la evangelización de los naturales.

El conocimiento de la historia de la producción de la imprenta en México nos ayuda, en parte, a entender y comprender el fenómeno de la imposición de los valores hispánicos sobre la población indígena y el de la transculturación europea, lo que explica el proceso formativo de nuestra cultura.

Aunque en un documento del cabildo de la ciudad de México se registra a un Esteban Martín como “imprimidor”, avecindado en ésta desde 1534, no existe testimonio posterior que nos permita considerarlo como tal. Sin embargo, algunos estudiosos del tema no excluyen la posibilidad de que Esteban Martín se haya dedicado a imprimir, mediante técnicas rudimentarias, estampas religiosas que utilizaron los misioneros al inicio de su tarea evangelizadora. Pero corresponde a Juan Pablos el honor de ser el primero en contar con un taller formal para ejercer el oficio de impresor en el Nuevo Mundo.

Juan Pablos, natural de Brescia, Italia, estableció la primera imprenta en la ciudad de México con un oficial, Gil Barbero, y un ayudante, en la esquina de las actuales calles de Moneda y Lic. Verdad, en un local hoy conocido como “casa de las campañas”. Llegaba como representante de Juan Cromberger, impresor alemán radicado en Sevilla.

Cromberger había obtenido el privilegio y la merced del emperador Carlos V de ser el único autorizado para imprimir y vender libros en estas tierras. El contrato celebrado entre ambos establecía, entre otras cosas, que las ediciones salidas de las prensas de la Nueva España ostentarían la leyenda “FUE IMPRESO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA CASA DE JUAN CROMBERGER”. El convenio de trabajo duraría diez años, lo que explica la ausencia del nombre de Juan Pablos en las primeras ediciones mexicanas. Sólo hasta 1546, ya muerto Cromberger (1540), tras varias gestiones puede Juan Pablos estampar su nombre en los libros que edita.

Este interesante documento se conserva en Sevilla en el Archivo Notarial, protocolo de Alonso de la Barrera, oficio 1, libro 1, del año 1539, folio 1069. Se encuentra incluido en la Biografía Mexicana del Siglo XVI de Joaquín García Icazbalceta, editada y anotada por Agustín Millares Carlo y publicada por el Fondo de Cultura Económica en su colección Biblioteca Americana en 1954. Presentamos una versión libre del documento para su mejor comprensión.

Como puede observarse, este contrato era ventajoso para Juan Cromberger. Juan Pablos cargaba con la peor parte, ya que su taller trabajaría con una sucursal del sevillano y no se le daría crédito a su trabajo. Sólo obtendría el 20% de las ganancias obtenidas en los diez años y se haría merecedor a duras penas en caso de incumplimiento o fracaso. Juan Pablos acepta mudarse de domicilio y trasladarse a un medio desconocido. Se aventuraba en una empresa novedosa y comprometía los servicios de su esposa. Haría frente también a las adversidades y obstáculos que se le presentaran.

Juan Pablos logró vencer tantas dificultades y alcanzó el éxito en su empresa, fundando el primer taller de imprenta del Nuevo Mundo.

El contrato entre Juan Pablos y Juan Cromberger

Sevilla, 12 de junio de 1539

En el nombre de Dios, así sea. Conozcan todos esta carta donde se señala cómo yo, Juan Pablos, componedor de letras de molde, marido de Gerónima Gutiérrez, vecino de esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, avecindado en el barrio de San Isidro, convengo y reconozco que hago pacto y compromiso libremente con vos, Juan Cromberger, impresor, vecino también de esta ciudad de Sevilla en el barrio de San Isidro, quien os encontráis presente, de tal forma que yo me comprometo y obligo a ir a la Ciudad de México de la Nueva España del Mar Océano con mi mujer y a estar dispuesto de inmediato para realizar el viaje a partir de la firma de este contrato y a permanecer ahí por lo menos diez años a vuestro servicio para lo que vos mandases, con el propósito de establecer un taller de imprenta de acuerdo con las siguientes condiciones:

Primeramente, con la condición que durante esos diez años me obligo y comprometo a componer letras en dicha ciudad de México y a realizar los trabajos que acostumbro hacer según lo propio de los componedores de vuestro taller de esta ciudad de Sevilla. También me comprometo a trabajar fiel y diligentemente en forma continua sin que por mi culpa falte cosa alguna. Y si alguna cosa faltase por ocio o negligencia de mi parte y la prensa se dañase o se parase me veré obligado a pagar y retribuir el daño causado.

Asimismo, me obligo a administrar y cuidar la prensa y a procurar los materiales. Daré las órdenes necesarias y buscaré la gente que fuese menester para que me ayude, y dispondré de todo para que la prensa no pare y trabaje con orden y concierto como la vuestra de Sevilla, haciendo la tarea de tres mil pliegos diarios como se hacen en vuestro taller. Y si por mi culpa o negligencia alguna cosa se perdiera yo me obligo a pagar el doble de su importe y a aceptar la pena que me impusieseis, y quedáis vos libre para rescindir el contrato.

Asimismo, estoy de acuerdo con la condición de que vos, Juan Cromberger, quedéis obligado, de acuerdo a las demandas de materiales que yo solicite con un año de antelación, a enviarme papel, tinta, letras y todos los aparejos necesarios para la impresión. Si yo no realizase la solicitud de material en el tiempo convenido y por ello la imprenta se parase, pagaré el doble del daño y me comprometo a aceptar la pena que me impusiese. Mas si la culpa fuese vuestra y no me enviáseis los materiales solicitados, vos Juan Cromberger, me pagaréis el doble de los daños causados.

Asimismo, me comprometo a tener en el taller de la Ciudad de México, durante diez años y a costa del capital, a un hombre, señalado por vos, el cual podrá ser removido a vuestra voluntad y al cual obedeceré en lo que fuere justo conforme a mis obligaciones en el arte de imprimir.

Y si no lo hiciere o cumpliese me obligo a perder cien ducados de los que me corresponden del capital, y si vos lo juzgaseis conveniente podréis quitarme de la sociedad.

Asimismo, que yo, Juan Pablos, digo y declaro que es verdad que de este capital que yo administro ni mi mujer ni yo hemos aportado ningún dinero, ni llevamos otra cosa que nuestros vestidos. Por lo tanto, los instrumentos, el papel, la tinta y todo los demás es vuestro, pues vos los habéis comprado con vuestro dinero y también vos costearéis el viaje, de manera que todo el importe de los gastos hechos hasta ahora y lo que se gaste en adelante ha sido y será cubiertos por vos, ya que yo no cuento con nada.

Asimismo, yo, Juan Pablos, me obligo a vender bien y fielmente todo lo que se imprimiere, y a poner en ello todos los esfuerzos y trabajos que fuesen necesarios, y a no vender a ninguna persona nada fiado. Y si esto hiciese sería bajo mi cuenta y riesgo.

Asimismo, me obligo a tener una caja con dos llaves, una para mi uso y la otra para la persona que vos designéis. En esta caja se depositará todo el dinero de las ventas. De los gastos que de esta caja se hicieren se llevará registro, por mí o por la persona designada por vos. Mas si no hubiera otro yo me obligo a llevar la contabilidad.

Asimismo, me obligo a que, cuando se hayan acumulado cien castellanos de oro o su valor, los enviare en la primera nao que partiese del puerto de la Nueva España que venga a estos reinos de Castilla, registrados en el registro del Rey y consignados a vos a riesgo del capital.

Asimismo, acepto la condición de que de las ganancias nos mantengamos mi mujer y yo, la persona señalada por vos, y la gente al servicio del taller.

Asimismo, que yo, Juan Pablos, con la persona señalada por vos o únicamente yo, me obligo a enviar en cada nao que de allá partiere una memoria en la que se haga relación de todo lo que se hubiese impreso, su cantidad y sus ventas. También me obligo a tener libros y cuentas de todo lo que se vendiese, recibiese o gastase, tanto en sueldos de oficiales como en comer y beber, y de los otros gastos ordinarios del taller. Y me obligo a enviar cada seis meses, en forma clara y específica, relación de todo ello, con la cuenta de gastos, ventas y precios y de lo que quede sin vender, para que se pueda ver lo que hasta el día de dicho envío se hubiese ganado y qué es lo que se está haciendo, así como el estado del capital. Esto será enviado en tres traslados en tres naos para que llegue a vuestro poder.

Asimismo, que mi mujer Gerónima Gutiérrez se obliga a regir y servir en el taller en lo que fuera necesario, sin sueldo alguno ni otra cosa, salvo su mantenimiento.

Asimismo, que de todo lo que Dios permita ganar durante los diez años en la Ciudad de México será sacado primeramente todo lo que vos, Juan Cromberger, habéis invertido en la empresa, tanto en lo que ahora llevo como en lo que después me enviéis, y todo lo que se hubiese registrado en sueldos, mantenimiento, fletes, instrumentos y alquiler de casa, así como cualquier pérdida, lo que Dios no quiera. Y de lo que quedase, vos, Juan Cromberger, me daréis a mí por mi trabajo y por mi industria y por el servicio hecho por mi mujer una quinta parte de las ganancias, y las otras cuatro quintas partes quedarán para vos.

Asimismo, acepto la condición de que de la quinta parte de las ganancias que me corresponde no pueda sacar ni saque cosa alguna hasta cumplidos los diez años y yo haya regresado a España y haya dado cuentas claras y entregado a vos, Juan Cromberger, todo sin retener cosa alguna, excepto lo que necesitara para los gastos de mi mujer y de mi persona fuera del mantenimiento, todo lo cual ha de ser a costa del capital como se ha establecido.

Asimismo, que todo lo que ganase en el lapso de diez años, tanto en el arte de imprimir como en cualquier otra cosa, así como cualquier merced que me sea hecha o cualquier provecho que obtuviese de cualquier forma, se sumará al capital para que de ello obtengáis cuatro quintas partes.

Asimismo, que los costos de los envíos de papel, tinta y otros aparejos necesarios para el arte de imprimir serán aceptados por mí sin duda.

Asimismo, me comprometo a que cualquier libro u otro impreso en la ciudad de México se harán con licencia del obispo de México, conforme a los mandatos de estos reinos, y que en cada libro deberá aparecer la leyenda “fue impreso en la ciudad de México, en la casa de Juan Cromberger”, y yo, Juan Pablos, no pondré mi nombre ni el de ninguna otra persona.

Asimismo yo, Juan Pablos, me comprometo a que durante el tiempo estipulado de diez años no podré asociarme con ninguna persona para establecer un taller de imprenta u otra negociación, ni tampoco podré asesorar para fines similares.

Asimismo, me comprometo a que, cuando vos, Juan Cromberger, lo demandéis, yo dé cuenta y razón a la persona o personas que vos señaléis en Sevilla bajo la pena señalada.

Asimismo, me obligo a fundir y vender el metal de las letras de estaño que ahora llevo cuando éstas sean inservibles. Por lo tanto no puedo dar ni vender ninguna de ellas, así como ninguna cosa utilizada en el arte de imprimir, bajo la pena que en este contrato se consigna.

Asimismo, al término de diez años, me comprometo a entregar a vos, o a quien vos dispusiereis, la prensa, las letras y todos los aparejos en mi haber y que vos estaréis obligado a recibir al precio a que fuesen valuados de acuerdo con su uso y deterioro.

Asimismo, acepto que si en el lapso de los diez años señalados, vos, Juan Cromberger, me enviases algunas mercaderías o libros para vender, me comprometo a venderlos al contado sin fiar ninguna cosa y a enviar el importe registrado en el registro del Rey, en la primera nao que partiese después de la venta, sin llevar por ello factoraje ni otra cosa.

Asimismo, que todas las cosas que yo os solicitare para vestidos míos o de mi mujer me las enviaréis al precio sin intereses.

De esta manera otorgo y prometo y me obligo ante vos a decir verdad y no cometer fraude, engaño ni encubierta alguna, a daros buena cuenta, cierta, leal y verdadera, sin arte y sin engaño y sin colusión alguna y a cumplir y guardar todo lo susodicho… Hecha la carta en Sevilla, en el oficio de Alfonso de la Barrera, escribano público, jueves, doce días del mes de junio, año del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil quinientos treinta y nueve. Testigos que estuvieron presentes: Diego Felipe Farfán y Pedro de Yrigoyen, escribanos de Sevilla.

*Texto publicado en la revista Libros de México, Número 1, Octubre-Diciembre 1985.
 

Agradezco en primer lugar esta invitación a reflexionar sobre la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Siempre es positivo que se vuelvan los ojos sobre el libro, que tan crucial papel tiene en la sociedad.
Esta ley es seguramente una de las leyes de cultura más consensuadas. Pasó por dos legislaturas y en ambas ocasiones la votación en el Senado y en la Cámara de Diputados fueron unánimes o estuvieron muy cerca de serlo. Es una ley que fue apoyada por todas las fracciones parlamentarias de las dos legislaturas.

Por si fuera poco, fue avalada públicamente, en un acto de concordancia inusual, por los personajes más destacados de la cultura y la educación de nuestro país en muchos artículos y en el desplegado de apoyo que apareció en la prensa donde firman numerosos intelectuales que representan a todo el abanico de la cultura nacional del momento.

Así como ninguna ley carece de enemigos, toda ley es perfectible, y en un mundo ideal y deseable, tendrían que irse haciendo ajustes para afinarla y para que no pierda sus propósitos y su eficacia.

Ha llegado a nuestras manos una iniciativa de reforma al artículo 26 de la ley del libro que nos parece muy desinformada. La iniciativa propone recortar aún más el tiempo de vigencia del precio único, sin percatarse de que eso equivale a hacerlo desaparecer de la realidad y dejarlo sólo en papel. El propósito de la ley es acabar con el régimen de precios inflados en el que vivimos. Esta propuesta de reforma al artículo 26 fomentaría el mal del que venimos huyendo, la manipulación constante e inequitativa de precios, un mercado en retroceso y una oferta cada vez más raquítica. Por lo demás, la propuesta parece ignorar por completo los motivos que dieron lugar a la ley y el respaldo que recibió de todos los partidos. Es al menos triste que una iniciativa de esta naturaleza se abra paso sin siquiera consultar a los interesados y los afectados. Quiero expresar mi más claro rechazo a esta propuesta de modificación que quiere atentar contra casi quince años de trabajo gremial para lograr una ley que permita una competencia más sana y que beneficie a los lectores de todo el país. Más libros, más cerca, más baratos.

En la redacción que se presentó al Senado de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, se establecía un periodo de vigencia de 36 meses. La ley del precio único en todo el mundo siempre ha buscado dar mayor cobertura a los libros para fomentar una distribución más rica y equitativa, pero nunca una menor. Nos ponemos a disposición de los senadores que quieran dialogar con nosotros sobre el tema más a profundidad, ya que en este espacio apenas es posible hacerlo.

A pesar del recorte de 36 a 18 meses en el último momento antes de la votación, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro ha sido un primer paso que ha contribuido a crear una conciencia distinta en el medio y ha permitido vislumbrar los beneficios de una ley clara y firme. Sin embargo, el recorte en el periodo de vigencia la volvió muy difícil de observar, pues se aplica a un universo muy pequeño de libros, lo que no es el propósito de una ley de precio único.

A la luz de la experiencia acumulada por el gremio en los años posteriores a la publicación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se han formulado algunos planteamientos preliminares de lo que tiene que incluir la modificación a la ley. La ampliación del plazo es indispensable para proporcionar la certeza que toda ley debe proporcionar. Se trata de dar cobertura a todos los libros que tienen rotación en el mercado y ésa es la forma de lograrlo. Ése es exactamente el sentido de toda ley de precio único y en eso radica su efectividad. Sólo así podemos esperar ver sus beneficios.

Otro imperativo para darle coherencia a la ley y sus propósitos es incluir el libro electrónico en el régimen de precio único con la misma vigencia que tiene en papel. Es decir, mientras un libro tenga precio único en su versión en papel, lo tendrá también en su versión digital. Es la única forma de establecer un mercado equilibrado y justo con reglas que nos permitan a todos coexistir y competir sin privilegiar a nadie de antemano. La comprensión de este punto es crucial para el desarrollo de una industria diversa y con oferta amplia y variada.

Por supuesto se requiere también tener claros los mecanismos de conciliación, avenencia, sanciones y el tema de las violaciones reiteradas para que la ley se observe. Es indispensable dejar esto en claro para que la ley cumpla con sus fines.

Las modificaciones propuestas por los senadores Zoe Robledo Aburto y David Monreal Ávila son atendibles y enriquecen aspectos de la ley, aunque podrían ser un tanto redundantes. Sin embargo, la iniciativa encabezada por la senadora Blanca Alcalá recoge muchas de las inquietudes del sector y a partir de un análisis de lo que ha venido sucediendo, hace una propuesta de modificaciones que en mi opinión se encamina en la dirección correcta. Siempre quedarán cosas por incluir, siempre se deben evaluar nuevos cambios para que la ley siga siendo un instrumento útil. La propuesta de la senadora Alcalá es un paso decidido en la dirección correcta. Ojalá a partir de esta reunión se vuelva a considerar la pertinencia de las modificaciones propuestas por ella y su equipo.

Editores y libreros consideramos que la Ley es un instrumento indispensable, pero de ninguna manera suficiente. Hay un sinnúmero de acciones que se tienen que tomar para mejorar un sector que ha tenido por décadas una competencia desleal del Estado y el castigo fiscal a la parte más raquítica de la distribución, la librería. Tenemos el peor índice de librerías per cápita del continente y las cosas no tienden a mejorar. Esta ley puede dar el apoyo para que esta red crezca, como ha sucedido en todos los países donde se ha aplicado, de Japón a Argentina y a Israel, pasando por más de la mitad de los países de la Unión Europea. Pero es indispensable enfrentar la situación fiscal de la librería que paga todo el tiempo un IVA que no compensa contra nada. Es preciso que las librerías gocen del mismo régimen fiscal de los editores de libros para que la cadena esté homologada y no se cargue a la librería con un IVA que es más bien un costo adicional.

Después de nueve años de ley del libro, es posible afirmar que la verdadera prioridad sigue siendo la misma: una amplia red de librerías independientes capaz de ofrecer la mayor variedad de títulos en todos los rincones del país a precios asequibles para todos. Para esto son indispensables dos cosas, una, la tasa cero de IVA para la librería, y dos, una ley del libro clara y firme. Ojalá logremos compartir el sentido de urgencia de estos planteamientos. Hay mucho terreno por recuperar. Contamos con una industria decidida a hacerlo. Sólo necesitamos los marcos de referencia de la ley para avanzar hacia un país más justo con sus lectores.
 

La directora, editora e ilustradora mexicana, y reciente Premio Juan Pablos 2018 que otorga la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), Peggy Espinosa, fue invitada para ser miembro del Comité de Selección de la Exposición de Ilustradores de la Feria de Bolonia 2018, que está compuesta por editores e ilustradores.

Cabe indicar que, la exposición de ilustradores ofrece cada año una selección de artistas ya publicados e inéditos, siendo un escaparate de las últimas tendencias en ilustración que suelen solicitar más de 3 mil ilustradores, para que posteriormente un comité internacional seleccione alrededor de 70 u 80 que exhibirán en Bolonia (luego en Japón, China y otros lugares posibles).  Su trabajo se incluye en el catálogo (publicado por Edizioni Corraini en italiano e inglés, por Chronicle Books en los EE.UU., por Dandelion en China y por Jbby en Japón).

Para la industria editorial mexicana es un orgullo que Peggy Espinosa haya sido seleccionada para tal fin, ya que es un reconocimiento a sus más de 39 años de trayectoria profesional en los que ha recibido premios y galardones nacionales e internacionales: en tres ocasiones (2000, 2006 y 2011) el Bolonia Ragazzi New Horizons que otorga la Feria del Libro para Niños de Bolonia; en 2014, el premio BOP –Bologna Prize for the Best Children´s Publishers of the Year– región Centro y Sudamérica; en 2015, el Premio al Mérito Editorial que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Entre los miembros que participan en el Comité de Selección de la Exposición de Ilustradores 2018 que se reunió en Bolonia, Italia, del 8 al 10 de enero de 2018, están Allyn Johnston (Beach Lane Books, EE.UU.); William Grill (Reino Unido); Bernd Moelck-Tassel (Alemania); Anastasia Arkhipova (Rusia).

“Estaré junto a tu voz pasada, escuchando tu voz presente. Leeremos nuestra historia en el libro sagrado de tu vientre”, escribió el poeta mexicano Hugo Gutiérrez Vega, citado con esta frase por la directora de la Facultad de Filosofía, Margarita Espinosa Blas. Y es que fue inaugurada, en esa misma facultad, la Librería del Fondo Editorial de Cultura Económica que lleva el nombre del catedrático mexicano en honor al legado que Gutiérrez Vega dejó en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

“En esta ciudad se enamoraron mis padres, se casaron e iniciaron su travesía como pareja. Recuerdo cuando papá nos dio la noticia de que la librería del Fondo iba llevar su nombre, estaba muy contento y muy emocionado. Hace 51 años, Hugo defendió con valentía la libertad de pensamiento, lo haría durante toda su vida. Espero que se haga un lugar estimulante de encuentro y de cambio”, señaló Lucinda Gutiérrez.

Por su parte, el rector de la universidad, Dr. Gilberto Herrera Ruiz, explicó que fue en diciembre de 2014 cuando notó que la librería del Fondo de Cultura Económica (FCE) estaba cerrando en Querétaro, es por eso que, junto a Efraín Mendoza de Comunicación Social de la UAQ, trabajaron para que se quedara. La librería fue obra del arquitecto Guillermo López. Cuenta con la participación de los artistas Adriana Luna Cisneros y Guillermo Puente Lomelí.

Según José Carreño Caldón, director del Fondo, esta es la décima librería que el FCE abre durante su actual administración y “está llamada a convertirse un encuentro entre sociedad y la universidad”. Lamentó que, con base en cifras que él mismo director apuntó, el 40 por ciento de los mexicanos jamás han entrado a una librería.

Hugo Gutiérrez Vega (1934-2015) fue rector en la UAQ, fundador de la Facultad de Psicología y maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y en la de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró como embajador de México en Grecia, cónsul general en Brasil y Puerto Rico, ministro de Asuntos Culturales de la embajada de México en Washington.

Entre las numerosas distinciones que recibió Hugo Gutiérrez Vega se destacan el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (1975), el Premio de Letras (Jalisco, 1994), el Premio Nacional de Periodismo en Difusión Cultural (1999) y el Premio de Poesía Xavier Villaurrutia, además del doctorado honoris causa de la UAQ.

* Con información de Juan Rojas / AM de Querétaro
 

La Cámara Argentina del Libro (CAL), con base en estadísticas que surgen del registro de ISBN, informó un 25 por ciento menos en las ventas, en el período enero-noviembre del 2017. Además de que se registró una baja significativa en la producción total de ejemplares publicados.

En 2016 había decaído un 15 por ciento, el total de la tirada fue de 70 millones 733 mil 233 ejemplares, en 2017 esa cifra se redujo (hasta noviembre) a 47 millones 819 mil 525 ejemplares publicados.

La vocera de la CAL, Diana Segovia, indicó que “no existe una única razón que explique la caída en la producción de ejemplares. Sin embargo la caída de las ventas, puede ser uno de los indicadores en la reducción de la tirada; a esto se le puede sumar los altos costos de almacenamiento y logística, que determinan decisiones más conservadoras por parte de los editores. La tirada promedio cayó de 3 mil a 2 mil 600 ejemplares y aumentó la impresión bajo demanda”.

Por su parte, la consultora editorial Promage, es menos drástica. Según Fernando Zambra, su director, “el mercado editorial es enorme y es difícil saber la cifra exacta de la producción real, ya que las cifras de impresiones y reimpresiones suelen ser mentirosas”.

“Nosotros estimamos que la venta en librerías cayó un 5 por ciento en unidades respecto de 2016. Parecería una caída menor pero el año pasado la baja había sido del 15, 20 por ciento, lo que hace que este 5 por ciento se sienta más”, agregó.

La cantidad de novedades sí se mantuvo estable: los títulos nuevos fueron 27 mil 693 en 2016 y 25 mil 945 hasta noviembre del 2017. Lo que se traduce como una mayor cantidad de novedades, pero menor cantidad de ejemplares circulando como consecuencia de la baja en las ventas.

Por otra parte, el aumento en las importaciones es uno de los datos que más preocupación genera entre editores, libreros y distribuidores, pues habla de los altos costos que tiene la producción local y la baja competitividad editorial de nuestro país en el mercado internacional (por ejemplo, en relación a países como España, México y Colombia, en los que el papel está exento de IVA). “No existen trabas y hasta octubre 2017 la importación había aumentado un 65% en relación al mismo período de 2016”, puntualizó Segovia.

Zambra, por su parte, explicó que sí aumentó mucho el rubro de los cómics y fascículos coleccionables, que va a los kioscos (estima que en un 100 por cien), pero señala que “la cantidad de libros importados que van a librerías se mantuvo estable: los libros argentinos que se imprimen afuera se mantuvieron en la misma proporción, mientras que los que se traen porque aquí no existen bajaron en cerca de un 30 por ciento”. Si bien la importación de libros favorece la bibliodiversidad y enriquece la oferta cultural, hay muchos que opinan que podría ser selectiva, para preservar a la industria local.

En cuanto al nivel de exportaciones, Zambra lo califica de “paupérrimo” y atribuye esa falencia a los costos muy poco competitivos de la Argentina en relación a otros mercados y la falta de políticas públicas y estrategias del sector para vender libros argentinos en el exterior.

A otros reclamos históricos, como la exención del IVA al papel para los editores –que redundaría en una disminución de entre el 5 y un 10 por ciento en el precio de los libros– y del IVA en alquiler de librerías, se suma ahora la preocupación por la iniciativa de la Ley Pinedo, que profundiza el malestar.

De aprobarse, la ley que será tratada el año próximo eximiría de responsabilidad a los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) por los contenidos de terceros que publican, excepto que sean notificados de manera fehaciente de que existe una orden judicial de remoción o bloqueo de los mismos; lo que torna de algún modo impracticable la defensa de los autores, por los gastos y los plazos que supondría esta metodología. Las distintas cámaras del libro y la Fundación El Libro ya se manifestaron contrarias a esta iniciativa.

“Es fundamental comprender el daño que se causaría al sector de las industrias creativas que cada vez que un escritor, un fotógrafo, un ilustrador, un pintor, un editor, compositor musical, o cualquier artista o productor de contenidos culturales encuentre una reproducción ilegal de sus obras, de su trabajo en Internet, deba iniciar una acción legal al sólo efecto de que el Proveedor de Servicios de Internet tome efectivo conocimiento de la infracción o el delito”, señala Segovia. “En este sentido, el sector solicita que se exceptúe los derechos de propiedad intelectual del proyecto.”

* Con información de Verónica Abdala / clarin.com
 

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) dio a conocer que la Unión Europea (UE) continúa con el proceso de adaptación de la regulación de los derechos de propiedad intelectual al ámbito digital.

Entre las iniciativas más importantes en las que está trabajando la UE se encuentra la propuesta de Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital (MUD), que fue presentada por la Comisión en septiembre de 2016 y cuya aprobación se prevé para finales de este año.

Tanto en el seno del Parlamento como del Consejo se está evaluando la introducción de modificaciones al texto inicial. Uno de estos cambios, que incide directamente en el sector editorial, afecta a la excepción relativa a la utilización de obras con fines educativos. 

Por otra parte, el pasado 29 de noviembre de 2017, la Comisión Europea adoptó un paquete de medidas dirigido a la lucha contra la piratería física y digital. El objetivo de esta iniciativa es conseguir que los Estados Miembros apliquen la normativa europea en un mismo sentido y evitar así la disparidad de interpretaciones. La Comisión pidió que cada uno de los países intensifique sus esfuerzos para promover la formación judicial en propiedad intelectual y ofreció su apoyo a las iniciativas antipiratería.

Además, a finales de 2017, este organismo también presentó una propuesta de Directiva para que todos los productos y servicios que se comercialicen en la Unión, entre los que se incluye el libro electrónico, sean más accesibles a las personas con alguna discapacidad.

* Con información de cedro.org
 

La Unión Internacional de Editores (IPA, por sus siglas en inglés) anunció el 11 de enero la preselección para el IPA Prix Voltaire de 2018, el cual es un premio anual otorgado a una persona u organización que muestra valentía ejemplar al defender la libertad de publicar y permitir que otros ejerzan su derecho a la libertad de expresión.

Establecido por primera vez en 2005 como el Premio Libertad de publicación y rebautizado en 2016 como un homenaje al filósofo y escritor francés François-Marie Arouet (seudónimo de Voltaire), los nominados suelen escribir o publicar obras polémicas en medio de intimidaciones de gobiernos u otras autoridades.

La lista de nominados de este año está integrada por: Ahmedur Rashid Chowdhury (Bangladesh), Lewis Medjo (Camerún), Tamás Miklós (Hungría), Gui Minhai (Suecia / Hong Kong) y Azadeh Parsapour (Irán / Reino Unido).

El comité de Libertad para Publicar de la IPA decidirá cuál de los cinco editores y autores preseleccionados ganará el premio. Para efectos de éste se conoce como editor a la persona, colectivo u organización que proporciona a los demás los medios para compartir sus ideas por escrito, incluso por medio de plataformas digitales.

El ganador será anunciado el 11 de febrero durante el Congreso Internacional de Editores en Delhi. Cabe señalar que el IPA Prix Voltaire, que cuenta con un premio de 10,000 francos suizos, es posible gracias a las contribuciones de sus patrocinadores, que son editoriales y organizaciones que comparten los valores del galardón.

* Con información de internationalpublishers.org

La Asociación Internacional de Editores (IPA, por sus siglas en inglés) ha apoyado totalmente al editor estadounidense Macmillan y su CEO, John Sargent, por su firme posición frente a la presión del presidente estadounidense Donald Trump para detener la publicación de Fire and Fury: Inside the Trump White House, el libro de Michael Wolff sobre Trump en la Casa Blanca.

En comunicado de prensa dado a conocer la semana pasada, luego de que el gobierno de los Estados Unidos solicitara “cesar inmediatamente y desistir de cualquier publicación, lanzamiento o diseminación” del libro, la IPA indicó que ve el intento de Trump de detener la publicación del libro de Wolff como un suceso nuevo y preocupante para Estados Unidos, un bastión permanente de la libertad de expresión. Aunque está claro que la Constitución de EE.UU. protege a Wolff y a su editor, es motivo de grave preocupación que un presidente intente interferir en la publicación de un libro, como lo ha hecho en este caso; demuestra la importancia de un marco legal sólido que consagre la libertad de expresión como fundamental para la democracia.

José Borghino, Secretario General de IPA, comentó: "es una triste ironía ver que el llamado líder del mundo libre intenta limitar la libertad de publicación. Estados Unidos siempre ha sido un faro de la libertad de expresión en todo el mundo y nos mantenemos inequívocamente con John Sargent y los editores de Macmillan en su negativa a ceder a esta presión".

Asimismo, Kristenn Einarsson, presidenta del comité Libertad para publicar de la IPA, expuso que: "la libertad para publicar es una parte esencial de cualquier democracia, pero es algo frágil en algunos lugares del mundo. Necesitamos estar eternamente atentos a amenazas inesperadas como ésta, y apoyar a aquellos que se mantienen firmes frente a la intimidación".

Las citadas opiniones se suman a la declaración de la organización miembro de la IPA en los Estados Unidos, la Asociación de Editores Americanos (AAP, por sus siglas en inglés) que manifestó su postura mediante la declaración de la presidenta y directora ejecutiva, María A. Pallante:
"La historia de la publicación de libros en los Estados Unidos es la historia de la libertad de expresión, el debate público y la democracia misma. Al promover un intercambio vigoroso de ideas, los libros benefician tanto al público como a los funcionarios electos.

Si bien se entiende que algunos libros serán impopulares, molestos o incluso amenazarán a algunas audiencias, la Corte Suprema ha reconocido desde hace mucho tiempo que las restricciones previas atacan el corazón de nuestros ideales democráticos y son presuntamente inconstitucionales.

En la mayoría de los casos, las circunstancias son tales que el autor tiene derecho a escribir, el editor tiene derecho a publicar y el público tiene derecho a leer. El valor relativo de un libro para el público es una parte legítima del debate, pero puede revelarse solo a lo largo del tiempo."

* Con información de internationalpublishers.org y newsroom.publishers.org
 

El Mtro. Arturo Ahmed Romero será quien ocupe el cargo como director general del Centro de innovación y formación profesional para la industria editorial, EDITAMOS, por lo que, a partir de este lunes 8 de enero de 2018, se incorpora a sus nuevas responsabilidades que involucran, entre otros elementos, la elaboración de una estrategia que incentive el proceso de formación del sector editorial en el largo plazo, y con ello comienza la operación formal de este centro.

Cabe señalar que EDITAMOS pretende ser el enclave de la formación profesional del sector; promoviendo el encuentro, discusión, formación y conocimiento, que apoye y fortalezca a una industria que cambia y se hace más dinámica cada día, por lo que este proyecto le brinda a la CANIEM la posibilidad de desarrollar una labor más amplia en beneficio de los afiliados, buscando la unificación de todos los integrantes de la cadena de valor del libro.

La necesidad de contar con EDITAMOS surge de un cambio constante de los requerimientos de la industria editorial en materia de formación de recursos humanos, la cual ha demandado que la Cámara alinee su oferta académica a la innovación, sobre la base del presente y sobre un futuro que se antoja complejo, ya sea mediante la propuesta de nuevos modelos de negocio, nuevas formas de hacer lo que hacemos y, sobre todo, qué consideramos debe hacer la industria en su conjunto y las empresas en particular para estar a la vanguardia de la cultura escrita.

En la CANIEM somos conscientes de que ya no sólo es suficiente con formar editores y debemos formar lo mismo al agente literario, al director, al gerente, al jefe del departamento, a los trabajadores operativos de las empresas editoriales, distribuidoras, libreras; a los administrativos, a los del área de producción, comercialización, lo mismo que a los promotores; es decir, aspiramos a tener un centro que sea un referente para el desarrollo profesional de la industria editorial.

De ahí que la propuesta formativa de EDITAMOS busque aportar los elementos necesarios para que los diversos actores de la cadena de valor del libro y las publicaciones periódicas, puedan profesionalizar su trabajo; se concibe como una red, no como un elemento lineal, sino con nodos básicos que interconectan toda la oferta académica. Estamos seguros que, con estos trabajos y la puesta en marcha del Centro de innovación y formación profesional para la industria editorial, se inicia una nueva etapa de desarrollo para nuestro sector.

Es desde esta perspectiva que, EDITAMOS atenderá la demanda actual de formación, de información, de reflexión sobre el quehacer cotidiano y sobre las visiones estratégicas. Será un espacio que permita la experimentación y la determinación, en su caso, de estándares de calidad del proceso editorial y de las diversas plataformas, en el caso de la edición digital. Este es el propósito y nuestra responsabilidad, que además tiene el fin de estandarizar y uniformar criterios: uno de los grandes retos dentro de nuestro sector.

El Centro de innovación y formación profesional para la industria editorial contará con una biblioteca y centro de documentación especializada, que tendrá entre sus objetivos la sistematización de la información sobre archivos, tanto privados como públicos, vinculados al quehacer editorial.

Estructura del Centro de innovación y formación profesional para la industria editorial
•             Dirección General
•             Coordinación de gestión de la innovación
•             Coordinación académica
•             Coordinación de documentación y estadística
•             Departamento comercial
•             Departamento de procuración de recursos financieros
 
Semblanza de Arturo Ahmed Romero
Nace en 1956 en la Ciudad de México. Es Licenciado en Administración de Empresas por la UNAM. Cuenta con una Maestría en Administración Corporativa por la Universidad Panamericana. Tiene un Master en Dirección de Empresas para Ejecutivos con Experiencia por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE).

Se ha desarrollado en el sector del libro desde el año de 1974. Ha sido director comercial en diversas empresas editoriales como: Grupo Editorial Grijalbo, Grupo Editorial Patria-Promociones Editoriales Mexicanas (PROMEXA), Editorial Plaza y Janés. De 1987 a 2017 fue director general de Editora Fausto.

Es profesor y fundador del Instituto de Desarrollo Profesional para Libreros. SC. (INDELI), del cual es presidente del consejo de administración. Miembro fundador de la Universidad de las Ciencias y las Artes del Libro. En el bienio 2000-2001 fue honrado como presidente de la Asociación de Libreros Mexicanos, AC., (ALMAC). Desde el año 2005 se desempeña como asesor en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana en las comisiones de ferias, desarrollo de puntos de venta y prácticas comerciales, así como de capacitación.

Ha participado como profesor en el diplomado de edición de libros que imparte la CANIEM y la UNAM. Es profesor titular en la Beca Juan Grijalbo de la CANIEM. Ha impartido cursos y seminarios en diferentes foros nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como conferencista en la FIL de Guadalajara; en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (UNAM); en el Congreso de Libreros Mexicanos (COLIME); así como en diversos congresos en Latinoamérica. También ha sido profesor invitado en las universidades de Xalapa, la Panamericana (Campus Guadalajara), así como en la Gran Logia del Valle de México.

Ha sido distinguido con diversos premios y reconocimientos, como el Premio CANIEM al Mérito Gremial que recibió en 2014, con motivo del 50 aniversario de la fundación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Deseamos el Mtro. Arturo Ahmed la mejor de las gestiones en lo que será su nueva responsabilidad.

A nombre de la Secretaría de Cultura, dependencia encargada de la aplicación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro que nos reúne, así como en representación de su titular, que preside el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, agradezco a esta comisión legislativa se abra este espacio para intercambiar opiniones y conocer las posturas de quienes forman parte de al menos tres eslabones de la cadena del libro: editores, libreros y promotores de lectura.

Como cabe esperar de un tema tan dinámico como el fomento a la lectura, algunas instancias de la Secretaría recibimos cada año noticias de diversas propuestas para reformar la ley en la materia y, a través de los cauces establecidos, emitimos nuestra opinión sobre cada una de ellas. Varias, tengo entendido, nos reúnen ahora, pero me temo que el tiempo para detallarlas no nos va a ser suficiente, por lo cual, si me lo permiten, sólo arriesgaré a resumir que todas, absolutamente todas, se desarrollan alrededor de la inclusión y de la pluralidad, términos que sin duda no deben dejarse a un lado cuando se habla de fomentar la lectura y el libro. El reconocimiento de las lenguas indígenas y la producción de material en las mismas; la posibilidad de diversificar las plataformas de lectura y su acceso; la producción y difusión de textos en Braille o audiolibros para personas ciegas o con debilidad visual; la garantía de tener espacios de acceso al libro, como salas de lectura, bibliotecas y librerías en cada municipio de la República, o programas específicos de fomento a la lectura para la población infantil, son algunas propuestas por demás pertinentes en el marco de los derechos culturales, cuyo seguimiento se ha plasmado en la Ley General de Cultura y derechos Culturales publicada el 19 de junio del año en curso. Desde la Secretaría de Cultura, además, ponemos especial atención en estas preocupaciones de los señores legisladores, ya que corresponde a la propia dependencia, de manera concurrente con la Secretaría de Educación Pública, no sólo la elaboración del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, sino la puesta en práctica de las políticas y estrategias contenidas en dicho programa, como lo señalan los dos numerales del artículo sexto de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Es así que también, en el marco de las atribuciones que la Secretaría de Cultura tiene en la mencionada ley, en particular lo señalado en los seis numerales del artículo onceno, y en las que la Dirección General de Publicaciones a mi cargo registra en el Manual de Organización General de la Secretaría de Cultura, también hemos apoyado e intentado consensuar las distintas iniciativas legislativas que implican al sector editorial.

La más contundente de ellas fue la presentada por un grupo de senadoras encabezadas por la entonces presidenta de la comisión de Cultura, Blanca Alcalá, en la cual, entre otras, se actualizaba la denominación de libro (artículo 2); se sumaba a la Procuraduría Federal del Consumidor como autoridad encargada de la aplicación de la ley (artículo 5); se adjudicaba al entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la obligación de llevar a cabo el registro del precio único de los libros, a partir de la información proporcionada por editores o importadores, para alinear las acciones operativas que de por sí ya tenía encomendadas (artículo 11) y se establecían 24 meses contados a partir de la fecha de impresión consignada en el colofón o del pedimento de importación, como vigencia del precio único de venta al público, con las excepciones que ya marca el artículo 22 de la ley. En una de las últimas reuniones de trabajo que varios de nosotros tuvimos con la comisión, sólo quedaba por clarificar un punto: qué instancia, además de las operativas de la ley, debía ser la encargada de vigilar la aplicación de la misma y acometer, en su caso, las sanciones correspondientes.

Por lo menos un año y medio ha pasado desde que se dio a conocer esta iniciativa y aún no se tiene respuesta a esto último sin duda importante para ver realmente los beneficios de una ley como la que nos rige en materia de libro y lectura. En su reciente visita a México, la ministra de Cultura de Francia, Françoise Nyssen, recordó que la regulación del precio único salvó al ecosistema del libro en su país, pero también lo hicieron otras políticas internas alrededor de cada uno de los actuantes de la cadena de valor del libro. “Hay que convencer a los políticos -afirmó en una entrevista a El País- de que el Estado debe intervenir en el mercado cultural para que haya libertad”. La libertad de expresión, de pensamiento, de creación y de divulgación de las ideas está ligada a la posibilidad de permitir la competencia equitativa y que no sea uno el elemento que determine la oferta editorial. Las declaraciones de la ministra son consecuencia de una batalla que los últimos gobiernos franceses, apoyados de manera unánime por su poder legislativo, han dado para defender a las librerías, los espacios naturales de acceso al libro, contra plataformas tan abrumadoras como Amazon. Esta decisión del Estado en su conjunto benefició, de paso, la creación de otras plataformas digitales nacionales o el reforzamiento de las ya existentes. En Francia, según cifras del propio ministerio, Amazon sólo tiene el 30% del mercado digital; en Reino Unido, que después de 97 años abandonó el precio único, copa ya el 80%. Aun así, en Francia este año, editores y operadores de comercio en línea firmaron una carta de buena conducta en la que se comprometen a respetar la ley del precio único del libro. El precio único ha permitido también otros esquemas de apoyo a las librerías tradicionales; en Alemania, por ejemplo, las principales cadenas de librerías crearon la plataforma Tolino y en México, hace no mucho tiempo, se presentó un caso similar con Orbile. Abro un paréntesis para señalar que estar en contra de las plataformas electrónicas sería una necedad, ya que representan un acceso valioso y adicional al libro; sin embargo, todas, sin excepción, deben acatar la normatividad del país en el que se establecen porque comienzan a formar parte del mercado editorial nacional.

La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro significó un paso decisivo del Estado para propiciar el crecimiento no sólo de su industria editorial, sino de sus consumidores culturales. Hacer del interés nacional el fomento a la lectura, propiciando programas, estrategias o políticas alrededor del libro es casi un asunto incuestionable si asumimos que nuestros índices lectores no son óptimos, que nuestra industria descansa en gran medida en el presupuesto público o que nuestros espacios de acceso al libro son insuficientes. De nada sirve fomentar la lectura en el aula, fuera de ella, a través de mediadores o de manera directa ofreciendo fantásticos fondos editoriales en las bibliotecas, si nuestro lector en potencia no encuentra fácilmente dónde saciar su consumo de libros posteriormente. No entender que los espacios de adquisición de libros forman parte de la formación lectora nos tiene que preparar a asumir que todos los recursos que se destinan a este fin no van a parar a ninguna parte.

Por otro lado, la ausencia de leyes que regulen el precio de los libros crea escenarios por demás interesantes que están pendiente de análisis, por ejemplo, Inglaterra abandonó en 1997 la ley del precio único del libro, en un año en el que reportaba la existencia de 1028 librerías. Diez años después, la Booksellers Association informa que sólo sobreviven 867 y que el canal de las librerías sólo representa el 4% de las ventas totales, mientras que en Francia a través de las librerías se vende el 45% de la producción editorial. Lo curioso de este comparativo es que la disminución del número de librerías, sobre todo independientes, afectó la bibliodiversidad, pues el 15% de los títulos vendidos y editados son Best Sellers, mientras que en Francia estos libros sólo representan un 2%. No está de más señalar el estudio global que realiza la agencia NOP World cada año en el que se determina cuántas horas semanales se dedican a la lectura: Reino Unido ocupa el puesto 26, mientras que Francia el 8 (los únicos países latinoamericanos son México, con el puesto 25, Argentina con el 18 y Venezuela con el 14).

Actualmente, y de acuerdo con la última reforma a la Ley, la Secretaría de Cultura fue la encargada de expedir el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, en el cual se reconoce la diversidad cultural y la pluralidad lingüística que conforman nuestro país. Por lo tanto, se promueve la diferenciación entre los distintos programas de fomento a la lectura, respetando las particularidades de las distintas comunidades. Desde su publicación, se alienta la producción de textos en todas las lenguas nacionales y se crea una plataforma en las cuatro más habladas, además del español, que se publica con la traducción de la Carta Magna, pero que aspira a difundir también otro tipo de contenidos.

La Encuesta Nacional de Lectura que se presentó en 2015, arrojó que los mexicanos leemos 5.3 libros al año, pero los mexicanos lectores sólo representan un 42%. Los programas de fomento a la lectura se han enfocado a crear nuevos lectores, pero también deben tender a promover el fortalecimiento de una industria editorial haciendo accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio. La fórmula que muchos países han encontrado para ello es regulando el precio de venta, incentivando la creación de librerías que compitan no por su capacidad de otorgar precios más bajos, sino por su oferta y calidad de servicio. En la industria del libro, los precios libres sólo benefician a quienes puedan asumir los porcentajes de descuentos, es decir, cadenas de librerías y grandes grupos editoriales; en la población, sólo a aquellos que viven cerca de una librería que tenga tales capacidades.

No hay evidencia de que el precio de un libro esté relacionado con los índices lectores: en la mencionada encuesta se reportó que la falta de espacios de acceso al libro era la principal limitante para la lectura, lo segundo era la falta de tiempo. Por otra parte, el mismo estudio muestra una relación entre hábitos de lectura y la exposición temprana a materiales de lectura y a actividades artísticas: más del 50% de los mexicanos que se consideran lectores reconocen serlo gracias al estímulo de sus maestros en el aula, sin importar su nivel socioeconómico. En respuesta a ello y como consecuencia de la misma Ley de Fomento, este año se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y la de Cultura, mediante el cual, en materia de lectura, se utilizarían las buenas prácticas lectoras dentro del aula, capacitando a futuros maestros y potenciando la creación de lectores que idealmente sean consumidores de productos culturales. Digo idealmente porque la voluntad lectora se acaba cuando el acceso al libro es ya un esfuerzo o una misión prácticamente imposible.

Desde hace unos años, varias instancias convocamos al Premio Nacional de Fomento a la Lectura que este año incluyó en sus categorías a la librería como espacio de promoción lectora. Gracias a ese premio y al registro que nos reportan cientos de mediadores de lectura, hemos conocido empresas heroicas en municipios o colonias apartadas de los diferentes estados, donde el librero ejerce también de bibliotecario, de promotor de lectura y hasta de asesor familiar. El librero ante todo es un lector, una autoridad en su comunidad y un facilitador de cultura que no debemos obviar ni en las políticas públicas ni en las gremiales. Por ello, atendiendo la solicitud de la Asociación de Libreros de México, que forma parte del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, en la primera sesión extraordinaria del pasado 17 de octubre se aprobó apoyar las gestiones del gremio para cambiar el régimen fiscal de las librerías promoviendo la tasa 0 del IVA y equiparándolas con las editoriales. De acuerdo con el artículo 15, inciso IV, el Consejo tiene la facultad de proponer a las autoridades competentes la “adopción de políticas o medidas jurídicas, fiscales y administrativas que contribuyan a fomentar y fortalecer el mercado del libro”.

De igual modo, el mismo Consejo no pudo ser omiso ante la preocupación de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, algunos editores independientes y la propia Asociación de Librerías de México, ante la publicación de la “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento”, por lo cual, derivado de la tercera sesión ordinaria del 30 de noviembre pasado, acordó por unanimidad “solicitar a las comisiones de Educación y Estudios Legislativos del Senado de la República, se considere la opinión del mismo (es decir, del propio Consejo) para la dictaminación de esa iniciativa. Asimismo, se acordó “enviar una carta a la comisión de Cultura pidiendo solicite a la mesa directiva le dé turno en la dictaminación de la iniciativa en comento”, por considerarla de su competencia. De acuerdo con la Secretaría Técnica de dicho Consejo, las misivas resultantes fueron enviadas ya el día de ayer a las tres comisiones involucradas.

Estimados señores senadores, la reforma del artículo 26 no sólo implica otorgar a los vendedores de libros una potestad que sólo tienen los editores sobre sus novedades, sino que rompe el círculo que inician los diversos programas de fomento a la lectura, al provocar la desaparición de espacios de acceso al libro. Las bibliotecas y las salas de lectura no se contraponen a una librería, sino que la complementan creando lectores que luego serán consumidores de libros y provocarán una mayor demanda para los editores que se verán obligados a diversificar su oferta y a eficientar sus procesos editoriales. Hacer que las librerías se conviertan también en un actor del fomento a la lectura sólo se puede lograr si tienen un mínimo de certeza financiera y centran sus esfuerzos en la calidad de su servicio, no en la competitividad en la venta de novedades. El precio único, cuya vigencia responde al tiempo que se ha calculado que una novedad puede distribuirse en toda la República y a su movilidad en los distintos mercados nacionales, es un instrumento que sólo está en manos del editor cambiarlo, como tenedor de los derechos de autor de las obras que produce, y puede hacerlo en el momento en que lo considere adecuado. El precio único no limita el derecho del editor, sino que da equidad en los espacios de comercialización en beneficio de la apertura y/o permanencia de aquellos puntos de venta que desaparecerían en un escenario de competencia abierta.

La Secretaría de Cultura, como dictan sus atribuciones en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, seguirá impulsando las acciones y programas que promuevan la formación de usuarios plenos de la cultura escrita, cumpliendo con lo que el mismo instrumento jurídico le tiene encomendado. Este tiempo en el que se reúne la voluntad de buena parte del gremio editorial alrededor de una política pública debe aprovecharse para reforzarla por el bien común, para tener la oportunidad de ver sus resultados cabalmente y, en su momento, tomar las decisiones que se juzguen pertinentes. México puede hacer aún mucho con su industria editorial dentro y fuera de sus fronteras, pero necesita los mecanismos legales y fiscales que faciliten su labor.

*Texto leído por la Dra. Marina Núñez Bespalova en la audiencia pública de la Comisión de Cultura del Senado de la República, el 6 de diciembre de 2017

El director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, y la académica directora del Diccionario de la lengua española (DLE), Paz Battaner, presentaron a finales del año pasado las actualizaciones de la versión en línea de la vigesimotercera edición del DLE.

Han sido 3345 modificaciones en total con respecto a la edición publicada en octubre de 2014. Estas novedades se han realizado en el diccionario en línea, disponible gratuitamente para su consulta desde el 21 de octubre de 2015 gracias al apoyo de Obra Social "la Caixa". Una versión en línea, como ha recordado el director, que recibió en 2016 más de seiscientos millones de consultas y en 2017 cerca de mil millones.

Esta actualización —que recoge las modificaciones aprobadas por todas las academias hasta diciembre de 2017— tendrá la consideración de versión electrónica 23.1. La edición existente hasta el 20 de diciembre de 2017 (fecha en que se dieron a conocer las modificaciones) seguirá disponible en la página web de la RAE.

PRIMERA ACTUALIZACIÓN DEL DICCIONARIO
El proceso de actualización del DLE implica la identificación de nuevas palabras o nuevos significados y la revisión de las palabras que ya figuraban en él. Esta actualización se realiza agrupando las voces según diversos criterios, como son, entre otros, el área temática a la que pertenecen (palabras de la música, palabras de la química...), sus características gramaticales (sustantivos, conjunciones, adjetivos invariables…), su procedencia (etimologías y extranjerismos) o el área geográfica en la que se documentan.

En su intervención, Paz Battaner recordó que “la RAE ha actualizado su diccionario desde 1780. Por tanto, el que hoy presentamos es un trabajo que viene condicionado por la actividad normal de funcionamiento de la corporación”. La novedad de esta versión es que, “una vez digitalizado el DLE, estas actualizaciones se harán de manera continua”.

EJEMPLOS
A continuación, Battaner ha mencionado algunas adiciones de nuevos artículos —como aporofobia, chakra, hummus, posverdad, postureo o vallenato—; adiciones de acepciones —por ejemplo, en hacker se ha añadido una segunda acepción: ‘persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora’—; supresión de artículos o acepciones ya existentes, o la enmienda total o parcial de algunos artículos, como es el caso de sexo.

HACIA LA NUEVA EDICIÓN
Como señaló Darío Villanueva, la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) han emprendido ya las tareas de redacción de la 24ª edición de su DLE, que tendrá las características fijadas en la planta aprobada por la Comisión Interacadémica del Diccionario en Burgos, en marzo de 2017.

La 24ª edición del DLE se diferenciará de todas las anteriores y supondrá una profunda renovación de la obra en sus más variados elementos estructurales.

El nuevo DLE “será digital desde su misma concepción”. Ya no se trata de reconvertir en recurso electrónico lo que ha sido ideado y en parte desarrollado como una obra destinada a ser impresa, sino de crear un auténtico diccionario electrónico, con todas las consecuencias que derivan de ese hecho fundamental, indicó Villanueva.

ANGLICISMOS
Durante la rueda de prensa, el director de la RAE recordó que, si bien “la Academia no está cerrada a la incorporación de extranjerismos, sí nos preocupa la reiteración excesiva del uso de palabras en inglés sin que sea necesario”. En 1713, en el año fundacional de la corporación, los primeros académicos se enfrentaron a un problema similar con los galicismos, actualmente se da, de forma más intensa, con el inglés.

Fue así que Villanueva expuso varios ejemplos del uso innecesario de anglicismos por tener un equivalente en español: black friday, take away, save the date, dress code, prime time, streaming, product manager, community manager, etcétera.

* Con información de la RAE