Marcelo Uribe

Agradezco en primer lugar esta invitación a reflexionar sobre la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Siempre es positivo que se vuelvan los ojos sobre el libro, que tan crucial papel tiene en la sociedad.
Esta ley es seguramente una de las leyes de cultura más consensuadas. Pasó por dos legislaturas y en ambas ocasiones la votación en el Senado y en la Cámara de Diputados fueron unánimes o estuvieron muy cerca de serlo. Es una ley que fue apoyada por todas las fracciones parlamentarias de las dos legislaturas.

Por si fuera poco, fue avalada públicamente, en un acto de concordancia inusual, por los personajes más destacados de la cultura y la educación de nuestro país en muchos artículos y en el desplegado de apoyo que apareció en la prensa donde firman numerosos intelectuales que representan a todo el abanico de la cultura nacional del momento.

Así como ninguna ley carece de enemigos, toda ley es perfectible, y en un mundo ideal y deseable, tendrían que irse haciendo ajustes para afinarla y para que no pierda sus propósitos y su eficacia.

Ha llegado a nuestras manos una iniciativa de reforma al artículo 26 de la ley del libro que nos parece muy desinformada. La iniciativa propone recortar aún más el tiempo de vigencia del precio único, sin percatarse de que eso equivale a hacerlo desaparecer de la realidad y dejarlo sólo en papel. El propósito de la ley es acabar con el régimen de precios inflados en el que vivimos. Esta propuesta de reforma al artículo 26 fomentaría el mal del que venimos huyendo, la manipulación constante e inequitativa de precios, un mercado en retroceso y una oferta cada vez más raquítica. Por lo demás, la propuesta parece ignorar por completo los motivos que dieron lugar a la ley y el respaldo que recibió de todos los partidos. Es al menos triste que una iniciativa de esta naturaleza se abra paso sin siquiera consultar a los interesados y los afectados. Quiero expresar mi más claro rechazo a esta propuesta de modificación que quiere atentar contra casi quince años de trabajo gremial para lograr una ley que permita una competencia más sana y que beneficie a los lectores de todo el país. Más libros, más cerca, más baratos.

En la redacción que se presentó al Senado de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, se establecía un periodo de vigencia de 36 meses. La ley del precio único en todo el mundo siempre ha buscado dar mayor cobertura a los libros para fomentar una distribución más rica y equitativa, pero nunca una menor. Nos ponemos a disposición de los senadores que quieran dialogar con nosotros sobre el tema más a profundidad, ya que en este espacio apenas es posible hacerlo.

A pesar del recorte de 36 a 18 meses en el último momento antes de la votación, la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro ha sido un primer paso que ha contribuido a crear una conciencia distinta en el medio y ha permitido vislumbrar los beneficios de una ley clara y firme. Sin embargo, el recorte en el periodo de vigencia la volvió muy difícil de observar, pues se aplica a un universo muy pequeño de libros, lo que no es el propósito de una ley de precio único.

A la luz de la experiencia acumulada por el gremio en los años posteriores a la publicación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro se han formulado algunos planteamientos preliminares de lo que tiene que incluir la modificación a la ley. La ampliación del plazo es indispensable para proporcionar la certeza que toda ley debe proporcionar. Se trata de dar cobertura a todos los libros que tienen rotación en el mercado y ésa es la forma de lograrlo. Ése es exactamente el sentido de toda ley de precio único y en eso radica su efectividad. Sólo así podemos esperar ver sus beneficios.

Otro imperativo para darle coherencia a la ley y sus propósitos es incluir el libro electrónico en el régimen de precio único con la misma vigencia que tiene en papel. Es decir, mientras un libro tenga precio único en su versión en papel, lo tendrá también en su versión digital. Es la única forma de establecer un mercado equilibrado y justo con reglas que nos permitan a todos coexistir y competir sin privilegiar a nadie de antemano. La comprensión de este punto es crucial para el desarrollo de una industria diversa y con oferta amplia y variada.

Por supuesto se requiere también tener claros los mecanismos de conciliación, avenencia, sanciones y el tema de las violaciones reiteradas para que la ley se observe. Es indispensable dejar esto en claro para que la ley cumpla con sus fines.

Las modificaciones propuestas por los senadores Zoe Robledo Aburto y David Monreal Ávila son atendibles y enriquecen aspectos de la ley, aunque podrían ser un tanto redundantes. Sin embargo, la iniciativa encabezada por la senadora Blanca Alcalá recoge muchas de las inquietudes del sector y a partir de un análisis de lo que ha venido sucediendo, hace una propuesta de modificaciones que en mi opinión se encamina en la dirección correcta. Siempre quedarán cosas por incluir, siempre se deben evaluar nuevos cambios para que la ley siga siendo un instrumento útil. La propuesta de la senadora Alcalá es un paso decidido en la dirección correcta. Ojalá a partir de esta reunión se vuelva a considerar la pertinencia de las modificaciones propuestas por ella y su equipo.

Editores y libreros consideramos que la Ley es un instrumento indispensable, pero de ninguna manera suficiente. Hay un sinnúmero de acciones que se tienen que tomar para mejorar un sector que ha tenido por décadas una competencia desleal del Estado y el castigo fiscal a la parte más raquítica de la distribución, la librería. Tenemos el peor índice de librerías per cápita del continente y las cosas no tienden a mejorar. Esta ley puede dar el apoyo para que esta red crezca, como ha sucedido en todos los países donde se ha aplicado, de Japón a Argentina y a Israel, pasando por más de la mitad de los países de la Unión Europea. Pero es indispensable enfrentar la situación fiscal de la librería que paga todo el tiempo un IVA que no compensa contra nada. Es preciso que las librerías gocen del mismo régimen fiscal de los editores de libros para que la cadena esté homologada y no se cargue a la librería con un IVA que es más bien un costo adicional.

Después de nueve años de ley del libro, es posible afirmar que la verdadera prioridad sigue siendo la misma: una amplia red de librerías independientes capaz de ofrecer la mayor variedad de títulos en todos los rincones del país a precios asequibles para todos. Para esto son indispensables dos cosas, una, la tasa cero de IVA para la librería, y dos, una ley del libro clara y firme. Ojalá logremos compartir el sentido de urgencia de estos planteamientos. Hay mucho terreno por recuperar. Contamos con una industria decidida a hacerlo. Sólo necesitamos los marcos de referencia de la ley para avanzar hacia un país más justo con sus lectores.